Antecedentes
En Cuba, el Estado somete a persecución, criminalización, cárcel y exilio, a los ciudadanos que manifiesten su deseo de reunión, asociación y participación política al margen de la estructura del Estado totalitario. Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones civiles y las organizaciones políticas independientes del Partido Comunista no tienen acceso a un registro legal y son criminalizadas.
La naturaleza restrictiva del régimen cubano limita los derechos de asociación, reunión pacífica y participación política con consecuencias graves para el avance de la sociedad civil cubana. Esta limitación obstaculiza la capacidad de los ciudadanos para abordar preocupaciones sociales, promover los derechos humanos y contribuir al proceso de democratización en Cuba.
Mientras organizaciones como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores (ANAP), cuya filiación ideológica al Partido Comunista las convierte en entidades políticas dependientes de la estructura del Estado, son presentadas a la comunidad internacional como sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil son invisibilizadas ante los organismos internacionales.
El reconocimiento legal de las organizaciones civiles y políticas en Cuba abre el camino a la participación ciudadana activa en el cambio social sin criterio discriminatorio por motivos políticos.
Ciudadanía y Libertad se fundó en la primavera de 2023 como resultado de la campaña «Cuba dice NO a la dictadura». Esta iniciativa buscaba fomentar la participación de la ciudadanía que deseaba expresar su desacuerdo con el sistema electoral a través de la abstención.
Marco regulatorio vigente que limita la libertad de asociación en Cuba
Artículo 62 de la Constitución aprobada en 2019.
Establece que ninguna de las libertades y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución pueden ser ejercidos contra la existencia y los objetivos del Partido Comunista. Este artículo hace de la Contitución un texto discriminatorio por motivos políticos, estableciendo garantías y derechos solo para la porción de la población afín a la ideología de un partido único.
La Ley 54/1985 y su Reglamento regulado en la Resolución 53 de 1986 del Ministro de Justicia.
Establece regulaciones sobre la formación, reconocimiento y actividades de asociaciones y organizaciones. Impone controles estrictos en el registro legal de las Organizaciones de la Sociedad Civil mediante la supervisión y aprobación gubernamental, limitando la formación, capacidad e independencia de estas organizaciones.
Ley 151/ 2022 de Asamblea Nacional del Poder Popular. Código Penal
Tipifica como delito el financiamiento extranjero a organizaciones no reconocidas por el Estado. Recrudece el uso de delitos como el desacato, los desórdenes públicos, la instigación a delinquir, contra quienes manifiesten su deseo de asociación y reunión pacifica al margen del aparato del Estado y el Partido Comunista.
Ley 88 de febrero de 1999 sobre la Protección de la Independencia Nacional y de la Economía:
Criminaliza actividades que el Gobierno percibe como colaboración con entidades extranjeras para desestabilizar el país, atentando fundamentalmente contra las fuentes de financiamiento.
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