Comité de Exteriores del Parlamento de Cánadá
26 de febrero de 2026
Intervención inicial de Carolina Barrero
Honorable Presidente, distinguidos miembros del Comité,
Es un honor comparecer ante esta institución, cuya tradición de rigor democrático y compromiso con el derecho internacional representa precisamente aquello por lo que millones de cubanos han entregado su libertad, y muchos, su vida.
Permítanme comenzar por enmarcar lo que el Comité ha denominado «crisis humanitaria» con la precisión conceptual que el análisis político riguroso exige: lo que Cuba padece no es una crisis en el sentido técnico del término. Una crisis es, por definición, una ruptura coyuntural de un orden preexistente. Lo que Cuba atraviesa es algo cualitativamente distinto: es el resultado estructural, sistemático y sostenido de un modelo de gobierno que ha subordinado el bienestar de la población a la preservación del poder de una élite militar y familiar.
Los apagones que han trascendido recientemente a la opinión internacional no son un mero producto de la escasez sino de la priorización. Durante años, Cuba recibió petróleo a precios preferenciales o de manera gratuita de Venezuela, México y Rusia. Más del 60% de ese suministro fue vendido a China y a otros países mientras los cubanos se sumían en la oscuridad, las termoeléctricas operaban con componentes obsoletos y la red eléctrica colapsaba por falta de mantenimiento.
En este momento, mientras nos encontramos reunidos, una nube tóxica cubre La Habana. La basura lleva más de una semana incendiándose sin clasificación previa ni protocolo sanitario. Plásticos, compuestos químicos, y materiales de alta toxicidad, arden por toda la ciudad. El humo tóxico lo respiran niños, ancianos y enfermos. Personas que no pueden exigir protección, porque ejercer el derecho a la queja, incluso a través de una red social, es causa suficiente para la detención arbitraria, el sometimiento a tratos degradantes y la condena judicial sin garantías procesales.
Los casos de Ernesto Ricardo, Kamil Zayas, Ankeilys Guerra, y de Sulmira Martínez, condenada a cinco años de privación de libertad por publicar contenido en redes sociales son solo algunos de los más recientes.
Frente a este cuadro, señorías, quisiera llamar su atención sobre un dato que el análisis económico no puede ignorar. GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas, registró en su balance de 2024 la cifra de 18.500 millones de dólares en efectivo. Dieciocho mil quinientos millones de dólares, en un país sin medicamentos en sus hospitales, con escuelas en estado de ruina,
con una infraestructura sanitaria colapsada, mientras La Torre K, un hotel, se alza como monumento inequívoco a la desigualdad estructural que sostiene al sistema: la acumulación en la cúspide y la indigencia en la base. Solo en los últimos 15 años se estima que GAESA ha destinado a la construcción de nuevos hoteles cerca del 24.000 millones de dólares, 24 billones. Solo con 10 mil millones se hubiera podido renovar el sistema eléctrico nacional. Pero no es el bienestar de los ciudadanos cubanos la prioridad de este régimen opresor y corrupto.
En consecuencia, me permito formular tres consideraciones de política exterior que someto a la reflexión de este Comité con el máximo respeto.
Primero: toda cooperación bilateral con Cuba que no establezca como condición explícita la protección de los derechos civiles y políticos contribuye objetivamente a la sostenibilidad del sistema que genera la crisis que hoy nos ocupa. La ayuda humanitaria no condicionada, cuando el receptor es un régimen que instrumentaliza la escasez como mecanismo de control social, no alivia el sufrimiento de la población sino que lo administra en beneficio del poder.
Segundo: Canadá dispone de los instrumentos jurídicos y la credibilidad internacional necesarios para impulsar sanciones individuales y nominativas contra los funcionarios y oficiales responsables documentados de violaciones graves a los derechos humanos. El principio de responsabilidad individual, consagrado en el derecho internacional, permite que esas responsabilidades sean exigibles.
Tercero: la liberación incondicional de todos los presos políticos debería constituir una precondición no negociable en cualquier diálogo bilateral entre Canadá y Cuba.
Señorías, el pueblo cubano no solicita al mundo que resuelva sus problemas. Solicita que el mundo deje de legitimar a quienes se los causan.
La historia juzgará a las democracias no solo por lo que construyeron, sino por lo que consintieron cuando tenían la autoridad moral y los instrumentos institucionales para actuar de otra manera.
Este Comité tiene esa autoridad. Y tiene esa oportunidad.
Les pido que estén a la altura de ella.
Muchas gracias.