Un tercio de la Asamblea se retira: la votación sobre el embargo en 2026 y la evolución regional del voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas (2023-2026)

noviembre 2, 2026

Un tercio de la Asamblea se retira

La votación sobre el embargo en 2026 y la evolución regional del voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas (2023-2026)

 

Informe de Ciudadanía y Libertad · 2 de noviembre de 2026

En colaboración con Consorcio Justicia

El 28 de octubre de 2026 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por trigésima cuarta vez la resolución anual presentada por Cuba sobre la «necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones; 21 Estados no votaron. La resolución se aprobó, como todos los años desde 1992, pero el resultado constituye el apoyo más bajo que ha recibido desde 1995, el mayor número de votos en contra de toda la serie y el mayor número de abstenciones desde 1996. En dos años, entre noviembre de 2024 y octubre de 2026, el texto pasó de 187 votos favorables a 130: perdió 57 apoyos, casi un tercio de la Asamblea.

Ciudadanía y Libertad publica un informe que reconstruye esa votación y la compara con los registros nominales de 2023, 2024 y 2025. El análisis muestra que la pérdida no es uniforme. África y buena parte de Asia mantienen un apoyo casi intacto; la caída se concentra en el hemisferio occidental y en Europa. En América Latina y el Caribe, donde los 32 Estados con derecho a voto respaldaron la resolución en 2024, solo 13 de 33 lo hicieron en 2026: por primera vez desde que existe la resolución, La Habana no tiene mayoría en su propia región, y la fractura alcanza a CARICOM, con el primer voto en contra de uno de sus miembros, Trinidad y Tobago. En la Unión Europea, que votó en bloque a favor en 2024, trece Estados miembros votaron a favor, diez se abstuvieron y cuatro votaron en contra; Alemania, Italia y los Países Bajos se abstuvieron por primera vez en décadas, en una decisión concertada entre diez Gobiernos. Fuera de Occidente aparecen señales inéditas: el primer voto en contra de un Estado árabe del Golfo, las abstenciones de Qatar, Bahréin y la República de Corea, y la ausencia de varios Estados insulares del Pacífico.

El informe dedica un examen detallado a las explicaciones de voto, que fijan por escrito los criterios con que cada Gobierno justifica su posición. Gobiernos que votaron a favor condicionaron expresamente su voto a que no se interprete como respaldo a las autoridades cubanas y exigieron la liberación de los presos políticos; los que se abstuvieron lo justificaron en que el texto guarda silencio sobre los derechos humanos y en que la crisis cubana «no puede explicarse únicamente por factores externos»; los que votaron en contra por primera vez invocaron la naturaleza del régimen y no el embargo. El embargo y los derechos humanos han dejado de discutirse por separado en la Asamblea General, y la delegación cubana no dispuso de otra réplica que calificar esa preocupación de «narrativa al servicio de los intereses de Washington».

Un capítulo específico analiza los 21 Estados que no votaron, distinguiendo las suspensiones del derecho de voto en virtud del Artículo 19 de la Carta de las ausencias deliberadas, que explican casi la mitad de los apoyos perdidos respecto de 2025. El documento incluye siete gráficos, un cuadro país por país de los 65 Estados que en al menos una de las cuatro votaciones no votaron a favor, y un conjunto de recomendaciones dirigidas a los Gobiernos que votaron a favor con reservas y a los que se abstuvieron, a la Unión Europea, a los Gobiernos de América Latina y el Caribe, a la Asamblea General y a la sociedad civil cubana. Entre ellas, la de acompañar las posiciones de derechos humanos con sanciones dirigidas contra los individuos y las entidades asociados a violaciones de derechos humanos, en el marco de los regímenes globales que ya existen en los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá.

Todas las cifras están referenciadas a fuentes primarias de las Naciones Unidas y de las cancillerías; la lista nominal definitiva de 2026 se confirmará con la publicación del acta literal A/81/PV.28. Este informe forma parte de la colaboración entre Ciudadanía y Libertad y Consorcio Justicia.

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