Ciudadanía y Libertad presenta, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un informe sobre la situación de los derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica de las personas jóvenes en Cuba. El documento tiene su origen en dos consultas facilitadas por la organización ante la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, celebradas en abril y junio de 2026 con jóvenes activistas, estudiantes, periodistas y creadores de contenido residentes en la isla y en el exilio, como contribución al informe temático sobre activismo juvenil y Generación Z que la titular del mandato somete a esta Asamblea General. Los testimonios recogidos en esas consultas, complementados con entrevistas de seguimiento y con la documentación aportada por los propios participantes, han sido contrastados con las fuentes estadísticas oficiales de la República de Cuba, con los registros de observatorios independientes de derechos humanos y con los pronunciamientos de los órganos de tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Todas las fuentes testimoniales han sido anonimizadas, en atención a los riesgos señalados por quienes permanecen en el país y sus familias.

El informe examina la evolución demográfica reciente de Cuba y su posible relación con las condiciones sociales, económicas y de derechos que afectan a las personas jóvenes. Al cierre de 2025, según la Oficina Nacional de Estadística e Información, la población residente en Cuba se había reducido en 313.414 personas respecto del año anterior, con un saldo migratorio negativo de 245.264 personas en un solo ejercicio y una tasa global de fecundidad de 1,29 hijos por mujer, la más baja registrada desde 1958. El 26,7 por ciento de la población tiene sesenta años o más. Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sitúan a Cuba en 2050 entre los países más envejecidos de la región. Cuba mantiene desde hace más de seis décadas un sistema de partido único. El informe analiza la posible relación entre estas características demográficas y las condiciones en que las personas jóvenes ejercen sus derechos de asociación, reunión y expresión.

El análisis de los testimonios identifica doce patrones de posibles vulneraciones de los derechos reconocidos en los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que afectan a las personas jóvenes de manera diferenciada y que, según el informe, presentan similitudes con prácticas documentadas previamente por mecanismos internacionales de protección. Entre los aspectos examinados se encuentra la constitución de asociaciones independientes y las condiciones jurídicas y prácticas para su funcionamiento. El informe también analiza el ejercicio de la libertad de asociación en el espacio digital y recoge testimonios sobre interrupciones de la conectividad, cancelación de líneas telefónicas, acceso no autorizado a cuentas de mensajería y casos de suplantación de identidad ante servicios de plataformas digitales.

Los testimonios incluyen asimismo referencias a actuaciones policiales dirigidas a personas jóvenes desde la adolescencia. Algunas personas entrevistadas describen citaciones policiales presentadas como «entrevistas» y señalan que durante ellas se les formularon preguntas sobre sus actividades, contactos y entorno familiar o académico. El informe examina también procedimientos judiciales iniciados mediante distintos tipos penales y recoge alegaciones relativas a las condiciones de detención y reclusión. En algunos casos, los testimonios describen condiciones que, según los participantes, podrían ser compatibles con los estándares internacionales relativos a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El documento recoge además casos de personas menores de edad procesadas o recluidas en el sistema penal de adultos, así como alegaciones de consecuencias para familiares y de afectaciones relacionadas con el acceso al empleo y a la educación. También se documentan testimonios de personas que, tras abandonar Cuba, afirman haber experimentado consecuencias relacionadas con sus actividades o declaraciones realizadas dentro o fuera del país.

El informe dedica un apartado específico a la relación entre la emigración de personas jóvenes y las condiciones de ejercicio de los derechos civiles y políticos. Al cierre de agosto de 2026, los observatorios de derechos humanos consultados documentaban 1.339 personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba; 38 de ellas habían sido detenidas siendo menores de edad y 155 eran mujeres. Desde julio de 2021, 2.167 personas habían figurado en esa relación. La Fiscalía General de la República reconoció el procesamiento de 790 personas por las manifestaciones del 11 de julio de 2021, 55 de ellas de entre dieciséis y dieciocho años de edad. Cinco años después de aquellas manifestaciones, parte de las personas condenadas continúa privada de libertad. El informe examina asimismo los casos en que la excarcelación ha estado vinculada a la salida del país y analiza esta práctica en relación con las garantías de los derechos civiles y políticos.

El informe examina, además, la relación entre la Generación Z cubana y las instituciones del Estado desde dos perspectivas: las percepciones expresadas por jóvenes entrevistados sobre un Estado que se define en el artículo 5 de su Constitución como «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado», y las experiencias relatadas por los participantes respecto de la actuación de las autoridades ante sus actividades sociales, políticas, periodísticas o digitales. A partir de los testimonios y de los datos demográficos disponibles, el documento analiza la posible relación entre las restricciones al ejercicio de los derechos de asociación y reunión, la emigración de personas jóvenes y la evolución de la estructura demográfica del país. El informe plantea que estos factores deben ser considerados conjuntamente en el análisis de la situación de la población joven en Cuba.

El informe se hace público en un momento relacionado con el calendario de participación de Cuba en los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. El mandato de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 2024–2026 concluye el 31 de diciembre de este año, y la Asamblea General elegirá en octubre a los miembros del período 2027–2029. Han transcurrido casi tres años desde el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de Cuba. El informe revisa el estado de implementación de las recomendaciones relativas a las libertades de reunión pacífica, asociación y expresión. Asimismo, señala que han transcurrido más de dieciocho años desde la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sin que el Estado cubano lo haya ratificado.

Las recomendaciones con que concluye el documento se dirigen a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos y a sus procedimientos especiales, a los Estados receptores de personas cubanas emigradas, a las plataformas tecnológicas y a la comunidad internacional de donantes. Las recomendaciones proponen medidas relacionadas con la protección de los derechos de asociación y reunión pacífica, la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el tratamiento de las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el ejercicio de derechos civiles y políticos, y la recopilación y seguimiento de información sobre la emigración de personas jóvenes. El informe recomienda asimismo que estos factores sean considerados en el análisis de la evolución demográfica y social de Cuba.

El informe se presenta el 23 de septiembre de 2026 en el Bildner Center for Western Hemisphere Studies, The Graduate Center, CUNY, Nueva York, en un panel con Gina Romero, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Luis Manuel Otero Alcántara, artista y ex preso político; y Carolina Barrero, presidenta de Ciudadanía y Libertad.